La crisis de agua ha sido un riesgo latente en los últimos años. El uso que se le da a la misma, ya sea desde casa o industrial, sin olvidar la poca regulación, falta de leyes que la protejan y las pocas medidas para su rescate implicarán una escasez fatal dentro de los próximos años no solo en el país de México, si no a nivel mundial.

Un ejemplo de tantos es el río Atoyac; un símbolo de vida que se transformó en foco de infección y riesgo ambiental. El  río  tiene una superficie total de 2,189.4 km2, de esta superficie,  el 75.6% cruza por 19 municipios del estado de Puebla; y el 17.0% se distribuye en 12 municipios de Tlaxcala.

El “progreso” que trae la industrialización y el crecimiento de la población se vio a la par del aprovechamiento de los ríos  y la producción de desechos que se vertían en los mismos.

Son 3500 empresas son las que se ubican en el estado y  6,169 millones de habitantes (INEGI, 2015) los que se encargan de su destrucción.

El 94.4 por ciento de las empresas no cuentan con plantas tratadoras que reduzcan la contaminación del río así como lo informó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Myriam Arabian Cuottolenc en 2017.

 La poca severidad de las leyes radica en una multa económica a las empresas, tan efectiva que no existe otra medida para las empresas que reincidan (CNDH, 2017)